Juntos contra el olvido
En México hay decenas de miles de desaparecidos. En pocos casos sus familiares saben qué ha sucedido con ellos. Un proyecto del Ministerio de RR. EE. fortalece el Estado de derecho.
A veces, también experimentados investigadores, como Andreas Forer, se ven confrontados con problemas casi insolubles: ¿dónde conseguir esqueletos en México? El jurista los necesita para seminarios que va a dar allí pronto para peritos forenses y agentes de policía. “Enterramos los esqueletos. Los participantes deben encontrarlos, asegurarlos, tomar pruebas de ADN y compararlas con bancos de datos”. Una tarea muy necesaria en México. Desde 2006 fueron asesinadas en la guerra contra los cárteles de la droga más de 136.000 personas, 26.000 se hallan desaparecidas. Los casos aclarados no llegan al dos por ciento.
“El Instituto de Ciencias Forenses de la Procuradoría General de México está muy bien equipado”, dice Forer, “los déficits están en la coordinación y la cooperación”. Para mejorar la situación se modificó el derecho de procedimiento penal, pero no todos los funcionarios están familiarizados con él. En ese marco se inserta el proyecto que Forer lleva a cabo para la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) por encargo del Ministerio del Relaciones Exteriores de Alemania. Tiene una duración de 18 meses y es apoyado con un millón de dólares. “Como resultado esperamos un mejoramiento de los bancos de datos forenses y un procedimiento unitario que incluya a los familiares de las víctimas”, dice Viktor Elbling, embajador de Alemania en México.
El proyecto se concentra en las “desapariciones”, una grave violación de los derechos humanos. En México, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014 desató un debate sobre la necesidad de una ley que defina el delito. La ley será aprobada seguramente aún en 2016. En el futuro, los casos serán concentrados en la Procuraduría General de la República, socia en el proyecto.
La relación con los familiares de las víctimas es un segundo punto prioritario. Los déficits son enormes, como demuestra el caso de Reynaldo Buzio, cultivador de aguacates de Tancítaro, estado de Michoacán. En 2009, 10 hombres armados se llevaron a su hijo a plena luz del día. “La policía me dijo que no me metiera”, dice Buzio, de 63 años. Buzio comenzó a investigar hasta llegar al representante de un cártel de la droga, que le dijo que su hijo estaba muerto y su cuerpo había sido quemado en las afueras de Tancítaro.
Muchas familias no presentan denuncias ante la Policía, porque no confían en las autoridades. Eso debe cambiar, dice Forer, que recogió experiencias durante ocho años en Colombia. La relación con los familiares de las víctimas es un tema nuevo en el derecho penal internacional. Hasta ahora, en el foco estaba la condena de los autores de los crímenes. “Interrogar solo una vez a los familiares e informarlos sobre el avance de las investigaciones es parte de un trato respetuoso”, dice Forer. Policías, psicólogos y personal del centro de información de la Procuraduría toman parte en cursos de capacitación en ese sentido. ▪
